Magistrados del Tribunal Constitucional recusados por el gobierno

    Finalmente ha sido admitido a tramite y aprobada la recusación que el gobierno por medio de la Abogacía del Estado interpuso contra los magistrados Roberto García-Calvo y Jorge Rodríguez-Zapata para que no participen en la votación de la LOTC. La ley orgánica que regula el Tribunal Constitucional.

    Estos dos magistrados son pues considerados inhábiles para que participen en la votación sobre la nueva LOTC. Esta norma permitiría la prolongación del mandato de María Emilia Casas que no ha sido reemplaza de la presidencia como marca la ley debido a que no se ha llegado a ningún acuerdo para su substitución.

    Ambos magistrados son expulsados pues de esta votación ya que en su escrito, ambos criticaron especialmente el artículo de esa norma que prorroga automáticamente el mandato de la presidenta de este órgano, María Emilia Casas -adscrita a la considerada corriente progresista-, y cuya dimisión pidieron expresamente.

    El tribunal constitucional se enfrenta a recursos muy importantes como es la de los matrimonios homosexuales, el nuevo estatuto de autonomía de Cataluña y el Plan Hidrológico Nacional todos presentados por el PP.

    Esta decisión es muy importante en vista a los recursos de anticonstitucionalidad de estas nuevas leyes ya que los magistrados recusados son considerados conservadores y favorables a los recursos del PP.

    El PP ha su vez también intento recusar magistrados considerados progresistas y opuestos a sus recursos sin éxito alguno ya que las recusaciones del PP se basaban en artículos periodísticos sobre lo dicho por ellos en una reunión mantenida en la sede del tribunal que fue desmentida por todos y cada uno de los asistentes a ese encuentro.

    Además este recurso del PP amenazaba con bloquear la institución por falta del 'quorum' necesario, ya que se precisan al menos 8 magistrados para efectuar la votación. Este es, precisamente, el número de jueces que integrará el pleno que resolverá el recurso del PP contra la LOTC. De estos ocho magistrados 5 son considerados progresistas y los otros 3 conservadores.